Laicismo a pie de calle

El 26 de diciembre de 2007, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobaba la Ley de Memoria Histórica, que preveía, entre otras medidas, la retirada del espacio público «de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura». Ocho años después, y puesto que el Ejecutivo del Partido Popular no ha modificado una sola coma del texto legal, han llegado al poder nuevos partidos a los ayuntamientos de varias capitales españolas, como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, La Coruña, Santiago de Compostela o Cádiz, que se han fijado como prioridad la aplicación rigurosa de la ley en aquellos puntos que aún no se hubieran aplicado. Como, por ejemplo, el del cambio de nombre a las calles dedicadas a personalidades y acontecimientos vinculados al franquismo.

El último Consistorio en ejecutar la Ley de Memoria Histórica ha sido el de Madrid: el 22 de diciembre, con los votos de Ahora Madrid (Podemos y otras formaciones), PSOE y Ciudadanos, el pleno municipal aprobaba la creación de un Plan Integral de Memoria de Madrid, cuyo primer paso ha sido el cambio de nombre de 30 calles dedicadas a generales, personajes y acontecimientos destacados de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. La concejal de Cultura, Celia Mayer, explicó que en torno al mes de abril se habrá elaborado un listado completo de las calles y vías que cambiarán de nombre, gracias al trabajo conjunto de la Concejalía y la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense.

Sin embargo, y a pesar de que el artículo primero de la ley explica que busca «reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa», y el artículo 15 señala que no se retirarán calles y monumentos «cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas», la disposición del Ayuntamiento de Madrid también ha incluido la supresión de un monumento a los mártires que murieron a causa de su fe, sin connotaciones políticas, y que estaba situado junto a las tapias del cementerio de San Isidro, donde numerosos católicos fueron fusilados entre 1936 y 1939 solo por el creer en Cristo.

El listado de calles que el Ayuntamiento madrileño estudia retirar incluye vías dedicadas a los mártires maristas, a los mártires de la Ventilla, a los mártires concepcionistas, al padre Justo Dorado Dellmans (un sacerdote de 31 años asesinado a causa de su fe), a los mártires de Paracuellos, al Cerro de los Ángeles (santuario de Getafe cuya imagen del Sagrado Corazón fue fusilada en la guerra), al padre Huidobro (capellán del bando nacional muerto en el frente mientras ejercía su ministerio), y a todos los mártires de la guerra. Además, también figuran las vías dedicadas a personalidades eclesiales como el arzobispo Morcillo, primer arzobispo de Madrid; el cardenal Herrera Oria, fundador de El Debate y de la ACdP, o varias dedicadas al patriarca Leopoldo Eijo y Garay, arzobispo de Madrid.

El de Madrid no es un caso aislado. En Valencia, el Ayuntamiento formado por el PSOE-PSPV, Compromís y Esquerra Unida anunció en julio, por boca de su alcalde Juan Ribó, que aplicará la ley «lo más rápido posible» y «rigurosamente y con cariño». Los posibles cambios del callejero valenciano podrían afectar a la calle y al monumento en memoria del arzobispo Olaechea, y a la plaza de los Mártires, entre otras vías.

Similares son los casos de Cádiz, La Coruña y Santiago de Compostela, cuyos alcaldes han creado comisiones e incluso concejalías para aplicar la Ley de Memoria Histórica; o Barcelona, donde la alcaldesa Ada Colau ya prohibió el pasado mes de julio una Misa en los fosos del castillo de Montjuic, que fueron testigos del fusilamiento de numerosos mártires por su fe durante la guerra.

Esta equiparación de los mártires y otras personalidades de la Iglesia con personajes del régimen franquista responde, según el historiador valenciano Vicente Cárcel Ortí, «a un claro interés de desprestigiar todo aquello que tenga que ver con la fe católica, y a un intento sectario de imponer el laicismo radical, a costa de borrar la historia». «Intentar cambiar los vestigios del pasado por motivos políticos no es algo nuevo: viene de tiempo de los romanos y lo hizo también la Segunda República. Pero no deja de ser injusto que se trate del mismo modo a generales y ministros que participaron en la guerra y en la dictadura, y a personas como el arzobispo Olaechea o el arzobispo Morcillo que se destacaron, entre otras cosas, por favorecer la promoción social de las clases populares durante la posguerra, aunque por su cargo eclesial tuviesen algún tipo de representación en las instituciones civiles», añade.

También Alfonso Bullón de Mendoza, catedrático de Historia contemporánea en la Universidad San Pablo CEU y ex vicepresidente de la sección de Historia del Ateneo de Madrid, explica que «es un grave error hacer una relectura de la historia desde parámetros actuales. Por un lado, se omite que la Iglesia no tuvo demasiadas opciones para posicionarse durante la guerra, pues en un bando a los generales les gustaba desfilar bajo palio, y en el otro, a los generales les gustaba matar curas. Y mientras tanto, se obvia que la gran oposición al régimen desde los años 60 vino precisamente desde el seno de la propia Iglesia».

No obstante, Bullón aclara que «lo que están haciendo estos ayuntamientos en principio es solo aplicar una ley que aprobó el PSOE y que el Gobierno del PP ha mantenido intacta tras cuatro años de Gobierno, así que no es nada ilegal». Sin embargo, «en el caso de que la ley se aplique de forma incorrecta y se violente el respeto a aquellos represaliados a causa de su fe, como pueden ser los mártires, es necesario denunciar judicialmente la situación para evitar que se cometa una injusticia histórica». «Un Ayuntamiento –añade– puede cambiar las calles que quiera y por los motivos que quiera, porque es su competencia. Pero si se aduce la Ley de Memoria Histórica, entonces habría un conflicto legal que debería denunciarse».

¿Por qué, entonces, se ha retirado un monumento a los mártires situado en las tapias un cementerio? Para Bullón de Mendoza, «puede ser por ignorancia o por malicia. Lo primero no es descartable, pues han demostrado su falta de conocimientos al retirar una calle a Francisco Iglesias, un industrial de Vallecas que murió antes de la Segunda República al que han confundido con aviador del bando nacional. Y lo segundo, la malicia, tampoco es descartable, pues la retirada del monumento a los mártires de San Isidro ha sido solicitada por los votos del Partido Socialista, que fue el mismo partido que ordenó aquellos fusilamientos».

El sacerdote Julio Rodrigo Peral, experto en Historia de la Iglesia, coincide en señalar que «es ilógico retirar del callejero cualquier homenaje a personalidades de la Iglesia de la posguerra solo porque fueran homenajeadas durante el franquismo. La mayoría de las calles y plazas dedicadas a obispos durante estos años, como es el caso de Eijo y Garay no suponen un homenaje del régimen, sino un agradecimiento de los vecinos porque la Iglesia se implicó mucho en la creación de barrios enteros».

Ese es el caso del arzobispo Olaechea, en Valencia, o de los arzobispos Morcillo y Eijo y Garay, en Madrid. «Eijo y Garay –explica Julio Rodrigo Peral– puso a disposición de las clases obreras miles de viviendas populares, levantadas en solares cedidos por la diócesis y financiadas con rifas y donaciones. Entre 1952 y 1963, gracias al Patronato Virgen de la Almudena, creado por Eijo y Garay, se levantaron 3.189 viviendas populares en barrios humildes como Carabanchel, Vallecas, Usera, Alto de Extremadura o López de Hoyos, muchas de las cuales entregó el mismo arzobispo a sus propietarios».

En resumen, y como señala Alfonso Bullón de Mendoza «intentar ahora borrar la presencia de la Iglesia en la sociedad, modificando la cultura y la historia, es un ejercicio que dice muy poco de quien lo practica, perjudica a todos los ciudadanos al sustraerles la memoria, y terminará por dejar en evidencia, con el tiempo, a quienes lo promueven».