Para nada servirá la posterior sentencia, el posterior fallo del Tribunal Constitucional, del 25 de febrero de 2015, que, por unanimidad anuló el secesionista referéndum del 9 de Noviembre de 2014, por su inconstitucionalidad, ya que la convocatoria de referendos populares de acuerdo con la Constitución Española (1978), en sus artículos 23.1 y 149.1 32ª, corresponde al Estado español. Es él quien tiene la “competencia exclusiva” para autorizar cualquier convocatoria de consultas populares por medio de un referéndum.
Ello es así porque la potestad de establecer y regular los referendos populares afecta al fundamento de quien es el único titular de la soberanía nacional: el Estado español, el pueblo español. El Tribunal Constitucional consideró, parcialmente inconstitucionales, la Ley de consultas de la Generalidad de Cataluña, y anuló el decreto de convocatoria del 9 de Noviembre de 2014. Ante este fallo, el unitario nacionalismo de izquierdas y derechas del secesionismo catalanista, es y será el de no aceptarlo y seguir caminando por los desvaríos independentistas.
Pero no nos dejemos engañar, también el bipartidismo endémico de la pantomima de democracia avanzada hacia el abismo de las partidocracias, tampoco se queda atrás, pues, la partidocracia neoliberal, en clara deriva neosocialdemócrata laicista-corrupta, en el Gobierno, el Partido Popular (PP), como el partido neosocialista y neosocialdemócrata laicista-corrupto, en la oposición, el Partido Socialista Obrero Española (PSOE), mantienen una política de dilaciones calculadas para seguir o llegar al poder.
El PP, con dilaciones judiciales controlando al Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo, y con las sanguinarias dilaciones de seguir pagando la deuda multimillonaria de una autocrática autonomía arruinada por las corruptelas de los nacionalismos secesionistas catalanistas; y en cuanto al PSOE, el primer culpable directo del crecimiento inconstitucional del nacionalismo independentista cuando gobernaba al propiciar un estatuto anticonstitucional, y luego en la oposición, con la incongruencia histórica y paraconstitucional de querer reformar, lo que él mismo ha falsificado y destruido cuando gobernó, la Constitución Española de 1978, proponiendo un reformismo pseudofederalista, o más bien, antifederalista, porque en la Historia del pensamiento político, desde el siglo XIX, el federalismo constitucional democrático, es contrario a los nacionalismos y a los estados independientes, porque supone su contradicción y desaparición.
Los estados federales o confederados, democráticos, por lo que se rigen es por la equidad, la igualdad, la justicia contributiva y distributiva, la interdependencia y la corresponsabilidad política, social, económica, militar, cultural y moral de todos los estados, con el fin de lograr el bien común de la nación, del estado federado o confederado, sin privilegios para uno o varios estados.
Diego Quiñones Estévez.