En febrero el senador estatal Scott Wiener introdujo el proyecto de ley SB 219 titulado «Declaración de Derechos de los Residentes Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales de la Institución de Cuidado a Largo Plazo», que ya fue aprobado por el Senado del Estado de California.

Después de ser recomendado por el comité judicial de la asamblea estatal, el proyecto de ley ahora será considerado por la Cámara de Representantes de California.

Si se convierte en ley, la política castigaría a los trabajadores de hogares de ancianos y centros de cuidado a largo plazo que se nieguen a llamar a los pacientes por sus pronombres preferidos con multas de hasta 1.000 dólares, penas de prisión de hasta un año, o ambas cosas.

Además de forzar a los trabajadores a que se refieran los residentes por sus pronombres preferidos, el proyecto de ley también obligaría a que las instalaciones permitan la asignación de habitaciones y baños basado en la “identidad de género” en lugar del sexo biológico.

Ned Dolejsi, director ejecutivo de la Conferencia Católica de California, dijo a ACI Prensa que el proyecto de ley podría apuntar injustamente a las instalaciones religiosas y colocar una carga excesiva para una industria ya fuertemente regulada.

“Sería potencialmente comprometer algunas de las instituciones que están religiosamente patrocinadas y no desean respaldar la identidad de género o las asignaciones de baños”, dijo.

Añadió que pareciera ser la solución de un problema inexistente, ya que no ha habido informes generalizados de discriminación basada en el “género” en los hogares de ancianos estatales y centros de atención a largo plazo.

“Esto es sin duda una de nuestras preocupaciones: ¿esto es solo parte de un ejercicio ideológico más grande? ¿Tenemos ejemplos de personas maltratadas en todo el estado debido al ‘género’? Parece que esto es más como ‘vamos a arreglar algo que no sabemos siquiera si necesita ser arreglado’”.

Greg Burt, con el Consejo de Familia de California, testificó en contra de la SB 219 en julio, señalando que sería infringir los derechos de la Primera Enmienda de los trabajadores.

“¿Cómo puedes creer en la libertad de expresión, y creer que el gobierno puede obligar a la gente a usar ciertos pronombres al referirse a otras personas?”, preguntó Burt a los miembros del Comité Judicial de la Asamblea durante su testimonio.

Luego dijo que el “discurso obligado no es libertad de expresión. ¿Puede el gobierno obligar a un periódico a usar ciertos pronombres que ni siquiera están en el diccionario? Por supuesto que no, ¿o es que eso es lo próximo?”.

Burt también denunció que el proyecto de ley carece de cualquier de todo tipo de exención religiosa.

“Los que proponen este proyecto de ley están diciendo: ‘Si no estás de acuerdo conmigo acerca de mi punto de vista de género, me estás discriminando’”, y añadió que “esto no es tolerancia. Esto no es amor. Esto no es respeto mutuo”.

“La tolerancia verdadera tolera a las personas con puntos de vista diferentes, debemos tratarnos mutuamente con respeto, pero el respeto es una vía de doble sentido, no es respetuoso amenazar a las personas con castigo por tener creencias sinceras que difieren de las suyas”, concluyó.

Dolejsi dijo que espera que la ley pase en la legislatura en algún momento de la próxima semana y se diriga al escritorio del gobernador. En ese momento, la Conferencia Católica de California podría abogar por un veto, basado en el peso que la ley colocaría sobre las instituciones religiosas y la industria de servicios de enfermería y cuidados a largo plazo.

Asimismo, señaló que este proyecto de ley podría allanar el camino para una legislación que se aplicaría más ampliamente, incluyendo un proyecto que obligaría a un entrenamiento sobre “identidad de género” para todos los empleados estatales.

“Esa es la naturaleza de lo que experimentamos en California. Es como si todos los aspectos de la vida pública necesiten abordar los problemas de las personas LGBT.” dijo.

Dolejsi animó a los católicos a ponerse en contacto con sus funcionarios elegidos por correo electrónico o teléfono para expresar sus preocupaciones.

“Necesitamos leyes prácticas. Y si no es realmente un caso de discriminación, a continuación, sentémonos y encontremos la manera de unir a la gente. Hay que resolverlo de una forma respetuosa para los valores y expresiones religiosas de las personas”, concluyó