El caso de ‘Beatriz’, la salvadoreña de 22 años cuya petición de aborto ha sido rechazada por el Tribunal Constitucional, suscita naturalmente el deseo de que su dolencia sea cuidada y se haga todo lo posible para preservar su vida. A la vez, es inevitable plantearse el carácter oportunista y sensacionalista del lobby pro-aborto, cuya preocupación es cambiar la ley aludiendo a la salud de la paciente.
Oportunista porque se pretende forzar un cambio legislativo (ni más ni menos que en la Constitución) basándose en un caso particular; porque para forzar este cambio se ha organizado una campaña de presión que ha incluido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a un grupo de expertos de Naciones Unidas; porque se está utilizando como argumento la alta tasa de mortalidad materna del país (81 por 100.000 nacimientos), como si esta fuera consecuencia directa de la restricción del aborto y no de la pobreza, olvidando que otro de los países “retrógrados” en esta materia, Chile, tiene la menor mortalidad materna del continente.
Sensacionalista, o directamente falsa, porque se ha vendido a la opinión pública la idea de que se trata de un enfrentamiento entre los derechos del hijo y de la madre. Sin embargo, la lectura de la sentencia revela que lo que el Tribunal ha decidido es proteger dos vidas humanas. Por eso, aunque no habría necesidad de hacerlo, los jueces han querido recordar al final del texto la obligación que tienen los médicos de cuidar la salud de la madre.
Sensacionalista porque, tirando de tópicos, atribuye la sentencia negativa a la presión de la jerarquía católica, pasando por alto que en la sentencia no existe ni un razonamiento religioso, sino solo argumentos legales y médicos. Además, el equipo del Instituto de Medicina Legal que días antes había publicado un informe unánime en contra de practicar el aborto, está compuesto por ginecólogos, psiquiatras y psicólogos, no por obispos y activistas pro-vida.
Tampoco se dice que en el primer embarazo de Beatriz, que resultó exitoso, el equipo médico que la atendía también le aconsejó abortar a riesgo de su vida, como la misma Beatriz reconoce en una entrevista.
Más allá de las opiniones o de la falta de imparcialidad, en ocasiones las informaciones dadas se pueden calificar directamente como falsas. Uno de los principales medios digitales de El Salvador recoge en una noticia las declaraciones de José Miguel Fortín, director del Instituto de Medicina Legal.
Según él, “se ha vendido a la sociedad algo que no es verdad”: no es cierto que el dictamen de este organismo vaya en contra de la mayor parte de la comunidad científica, pues en él participaron también miembros del Colegio Médico, una institución con prestigio internacional; no es cierto que el lupus eritematoso sea una amenaza tan grave para la embarazada, como señalaba un estudio internacional que el IML recogía en su informe a la Corte Suprema de Justicia; por otro lado, la hipertensión arterial de la madre y el propio lupus, que ya se agravaron en el primer embarazo, se encuentran estabilizados (en el primer embarazo los médicos indujeron el parto de forma prematura, salvando al niño y a la madre).
Tampoco es cierto que la madre y los médicos se enfrenten a penas de hasta 30 años, como se ha dicho en ciertos medios. El Código penal sanciona el aborto con penas que van de los dos a los ocho años para la madre, y de seis a doce para los médicos.
A pesar de que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña contiene un voto disidente y una abstención, hay algo en lo que sí están de acuerdo todos los jueces: el derecho a la vida no es absoluto, pero sí el mayor de los derechos, por lo que no puede ser anulado por uno superior (la sentencia dice literalmente que “los derechos de la madre no pueden prevalecer sobre los del nasciturus, ni viceversa”). De ahí se deduce que el deber de los médicos es cuidar cualquier vida: en este caso, la de la madre y la del feto. Pero cuidar la salud de la madre no significa obedecer a lo que ella entienda que debe hacerse. Ni siquiera a lo que entienda un determinado consejo de médicos; significa, en primer lugar, tratar de aliviar sus dolores y de curar sus enfermedades.
Beatriz padece, desde antes de quedarse embarazada, lupus eritematoso discoide y nefritis. Por su estado de embarazo, estas enfermedades se manifestaron de forma grave y tuvo que ser ingresada. Aunque el equipo médico aconsejó el aborto, Beatriz ahora se encuentra estable, aunque su pronóstico es incierto. Más previsible es el destino del feto, que padece anencefalia y presumiblemente morirá poco tiempo después del parto. No obstante, lo cierto, y lo que debe orientar la actitud de médicos y legisladores, es que tanto madre como feto están vivos aunque enfermos, por lo que habrá que ir ofreciendo en cada momento los cuidados que requiera la enfermedad. Esto es exactamente lo que propuso el Instituto de Medicina Legal de El Salvador.
Si lo que preocupa es la salud de una paciente, lo que habrá que hacer es indignarse porque no esté garantizada una buena atención médica –si es el caso–; si se trata de reducir las tasas de mortalidad materna en El Salvador, habrá que reclamar una mayor inversión en recursos sanitarios. Pero nada de eso se arregla con el aborto.
El caso de Beatriz se ha resuelto como cabía esperar por la sentencia de la Corte Suprema salvadoreña. Para evitar un agravamiento de su salud, se le ha inducido el parto por cesárea en la vigésimo séptima semana de embarazo. La niña, como también se preveía, ha muerto poco tiempo después (cinco horas), debido a la anencefalia y a otras anomalías.
De esta forma, se ha evitado crear un precedente que pudiera avalar el aborto en determinadas circunstancias –algo prohibido por la ley nacional–, a la vez que se ha conseguido salvar la vida de la madre. La actuación de los médicos ha seguido la recomendación del Instituto de Medicina Legal y de lo establecido en la Constitución; de ahí que en una comparecencia tras conocerse el desenlace del caso, la Ministra de Sanidad lo haya calificado como una victoria para todos (aunque cabe matizar que el panel de expertos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos apostaron por otra solución).
Desde algunas instancias “pro choice” (seguro que no muy contentas con este final) se ha presentado el recurso a la cesárea como una forma hipócrita de realizar un aborto sin llamarlo por su nombre. Llama la atención este análisis, que considera lo mismo matar al niño que no poder evitar su muerte.
Está claro que la “vieja Europa” debería de aprender mucho de más de un país americano. Más aún cuando hablamos de defender un valor como es el de la Vida. Si seguimos cediendo en eso, seguirá la eugenesia, luego la eutanasia, para terminar que yo te mate a ti, antes que tú me mates a mi…