Gabriel Calvo Zarraute está dedicando una serie de artículos a analizar la Agenda 2030 de la ONU.

El globalismo o Nuevo Orden Mundial (NOM) consiste en la pretensión de instaurar un gobierno de dimensiones mundiales, es decir, supraestatal, de apariencia democrática, pero con carácter y poderes totalitarios y que produzca, a su vez, una sociedad también totalitaria. Se trata de un orden colectivista pactado por los grandes magnates amorales y los grupos de izquierda con nueve objetivos principales engarzados:

1. Disolución de las libertades individuales, absorbidas por el Estado todopoderoso.
2. Consolidación del feminismo radical y la ideología de género en los sistemas educativos y en los medios de comunicación.
3. Reducción drástica de la población mundial a través del aborto y la eutanasia.
4. Atribución de derechos a los animales a fin de igualarlos a los humanos.
5. Religión sincrética que postula la fraternidad universal masónica.
6. Anulación de las soberanías nacionales borrando las fronteras nacionales.
7. Promoción de la inmigración ilegal para sustituir a la población europea.
8. Desmantelamiento de la economía de libre mercado sustituida por el socialismo.
9. Ecologismo panteísta y catastrofista.

Con otras palabras, una «telaraña de intereses», muy superior a la que se refería Max Weber en La situación de los trabajadores (1892). Por cierto, los cinco últimos objetivos son un elemento constante en las intervenciones del Papa Francisco. Aunque no es menos cierto que, dichos lugares comunes, en recta teología católica, en modo alguno pueden considerarse Magisterio de la Iglesia expresado por boca del sucesor de San Pedro. Si no, más bien, opiniones personales de un obispo argentino en el siglo llamado Jorge Mario Bergoglio. Un buen ejemplo de ello fueron sus declaraciones contrarias a la ley moral natural: «Las personas homosexuales que viven juntas tienen derecho a una cobertura legal. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil: tienen derecho a estar cubiertos legalmente. He defendido eso» (22-10-2020).

Sin embargo, la ley humana positiva, ha de ajustarse a la naturaleza humana y no viceversa. Eso sería caer en el positivismo jurídico: «La autoridad, no la verdad, hace la ley», escribía Hobbes en Leviatán (1651). El Catecismo de la Iglesia Católica (CEC) advierte que: «La autoridad no saca de sí misma su legitimidad moral» (n. 1902). Y Santo Tomás enseña: «La legislación humana sólo posee carácter de ley cuando se conforma a la justa razón; lo cual significa que su obligatoriedad procede de la ley eterna. En la medida en que ella se apartase de la razón, sería preciso declararla injusta, pues no verificaría la noción de ley; sería más bien una forma de violencia» (S. Th. I-II, q. 93, a. 3 ad 2).

De ahí que la ley positiva ha de estar en conformidad con la verdad de la naturaleza humana creada por Dios, no proteger uno de los «pecados que claman al cielo», como es el caso del pecado «de los sodomitas» (CEC n. 1867). «Apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves (Gn 19, 1-29; Rm 1, 24-27; 1ª Cor 6, 9-10; 1ª Tim 1, 10), la Tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso» (CEC n. 2357).

Una «ley de convivencia civil», en palabras del Papa, significa regular jurídicamente un mal, pero las leyes que tienen por objeto un mal son inicuas y han de ser rechazadas: «La autoridad sólo se ejerce legítimamente si busca el bien común y si, para alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. En semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad» (CEC n. 1903).