En 1998, el Gobierno reformó la Ley Hipotecaria y permitió a la Iglesia Católica –de acuerdo al artículo 206– inmatricular (inscribir en el registro de la propiedad) sus templos y lugares de culto que careciesen de escritura, presentando una certificación del Obispo. Desde entonces y hasta 2015, año en que se derogó esta ley, se calcula que la Iglesia pudo inscribir más de 4.000 propiedades en el Registro de la Propiedad, entre ellas la Mezquita de Córdoba.

Dada la presión de organizaciones laicistas y partidos de izquierdas, que tachan de «fraudulentas» muchas de estas inmatriculaciones, el Gobierno ha aceptado elaborar un censo de todas las que se produjeron durante el periodo comprendido entre 1998 y 2015. El PSOE presentó una proposición no de ley en abril para que se estableciese una relación de todos estos bienes, se estudiasen los documentos acreditativos de la propiedad que aportó la Iglesia en su momento para que, en el caso de que «sean insuficientes o inválidos» poder reclamar su titularidad y que pasen a dominio público.

Como la medida recibió el apoyo de todos los grupos salvo PP y Ciudadanos, el Ejecutivo dispone ahora de un plazo de seis meses para elaborar el censo. No obstante, tal y como reconoció el PSOE, en el caso de hallar alguna «irregularidad», se deberá acudir a los Tribunales, ya que queda fuera de la jurisprudencia del Gobierno.

«Cualquier persona física, jurídica que pretenda reclamar la titularidad de algunos de los bienes inmatriculados por la Iglesia, deberá demostrar que tiene un título mejor y tendrá que acreditarlo», explican desde el Arzobispo de Zaragoza. Aunque sus templos están exentos de este censo, pues fueron inscritos antes de 1998, conocen bien la polémica ya que también sufren el órdago lanzado por la izquierda para expropiarles algunos de ellos, como la catedral de la Seo. «La Iglesia nunca escrituró sus bienes, en un primer momento porque no existían los registros, y después porque no se consideró necesario, nadie dudaba de su titularidad», declaran. La consecuencia es que muchas de sus propiedades, sobre todo las que fueron donadas, no tenían papeles y «lo que hizo la Iglesia con la ley de 1998 fue regularizar su situación», explican.

Pero la intención de los partidos de izquierdas es poner en duda la propiedad de estos templos, muchos de ellos significativos, como la Mezquita de Córdoba, con la intención de expropiárselos. «La Iglesia se ha adueñado de la Mezquita de Córdoba por 30 euros y además, la ha inscrito como Santa Iglesia Catedral de Córdoba, lo que resulta insultante e indignante para gran parte de la ciudadanía», llegaron a aseverar desde el Grupo socialista.