El Congreso da luz verde a abrir el debate para despenalizar la eutanasia. Con 175 votos a favor, 136 en contra y 32 abstenciones, se toma en consideración la proposición de ley remitida por el Parlament de Cataluña al Congreso de los Diputados, para reformar el Código Penal y despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido.
El pleno del Congreso debatía este martes la toma en consideración de la proposición, en la que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos adelantaba que se abstendría, frente al PP y UPN que manifestaron ya su voto en contra frente al resto de grupos a favor.
El texto debatido, aprobado en Cataluña el pasado mes de julio con el apoyo de Junts pel Sí, PSC, SíQueEsPot (CatECP) y la CUP, propone modificar el apartado cuatro del artículo 143 del Código Penal para que queden exentos de responsabilidades los que, «de manera indirecta o cooperando», ayuden a morir de manera «segura, pacífica y sin dolor» a una persona que lo pida de forma «expresa, libre e inequívoca».
Además, se indica que el paciente deberá sufrir una «enfermedad terminal» o una «patología incurable» que le provoque un «sufrimiento físico o psíquico grave que se prevea permanente». De esta forma, se modificaría el texto actual del Código Penal que recoge que quien induzca el suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años, quien coopere con esta actividad también será sancionado con la cárcel y quien la ejecute tendrá una pena de hasta 10 años.
PSOE y la Iglesia
Hace una semana el Partido Socialista también presentó una Proposición de Ley Orgánica que regule la eutanasia, que quiere establecer como «un nuevo derecho individual» que se incluiría en la cartera de servicios más comunes del Sistema Nacional de Salud y garantizando su financiación pública
Este supuesto «derecho», señalan el PSOE en la proposición, llevaría aparejada una prestación sanitaria «de ayuda para morir», que define fríamente: «Consiste en proporcionar una sustancia que tiene como consecuencia la muerte de una persona; se puede producir en dos modalidades. La administración directa de una sustancia a una persona que lo haya requerido y que cause su muerte o la prescripción o suministro de una sustancia a una persona que lo haya requerido, de manera que esta se la pueda autoadministrar para causar su propia muerte».
Ante esta iniciativa, la primera voz crítica que se ha escuchado es la de la Conferencia Episcopal Española que, a través de su secretario general y portavoz, José María Gil Tamayo, quien la calificó de «monumento a la insolidaridad y al descarte humano» y de «corredor de la muerte involuntario». Y sigue diciendo que promueve «un falso derecho (fake right)»: «No hay derecho a esta terrible pretensión de legalización del suicidio en España, que es lo que es en toda regla. A las personas en situación de debilidad hemos de ayudarlas con los mejores cuidados paliativos».
3 comentarios
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