Arranca el proceso para la beatificación de 21 mártires sevillanos

En el acto, celebrado en la Capilla Real de la Catedral y al que han asistido familiares de las víctimas, el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, ha dicho que era una aspiración «largamente soñada» iniciar este proceso, dado que la Archidiócesis de Sevilla, por diversas razones, es una de las pocas que no lo había hecho.

«Me parecía un acto de justicia exhumar su memoria y poner sobre el candelero de la iglesia la fidelidad heroica de estos cristianos, que prefirieron renunciar a la vida antes que traicionar a Jesucristo», ha señalado Asenjo durante la ceremonia, a la que ha asistido también el obispo auxiliar Santiago Gómez Sierra.

Ha explicado que en la preparación de esta causa no partían «de cero» porque a los pocos meses de la Guerra Civil el cardenal Ilundain dispuso que se recogiesen testimonios de quienes presenciaron los martirios, iniciativa que fue completada por su sucesor, el cardenal Segura.

Siete de los 21 mártires -veinte varones y una mujer- proceden de Cazalla de la Sierra (cinco seglares, un sacerdote y un seminarista); dos de Constantina (un sacerdote y un seglar); dos de Lora del Río (ambos sacerdotes); dos de El Saucejo (sacerdote y seglar); dos de Marchena (seglares); uno de Guadalcanal (sacerdote), y uno de Utrera (sacerdote).

Se inicia también el proceso para la beatificación de un sacerdote de Sevilla capital, un seglar de Alcalá de Guadaíra que murió también en la capital; un sacerdote de Estepa asesinado en Málaga y otro de Huelva.

La mayoría murieron -o fueron heridos y fallecieron más tarde- entre los meses de julio y agosto de 1936, y el más joven era el seminarista Enrique Palacios Monrabá, que tenía 19 años, mientras que la única mujer, Dolores Sobrino, de 68 años, que fue asesinada en la sacristía de la parroquia de Constantina, era la más mayor.

Los dos asesinados en El Saucejo eran hermanos -uno sacerdote y el otro seglar-, mientras que el seminarista de Cazalla de la Sierra falleció junto a su padre, quien según las investigaciones intentó proteger a su hijo, y otros dos seglares de esta misma localidad eran hermanos y murieron en el mismo lugar.

En el acto de hoy han jurado sus cargos las personas que intervendrán en esta fase diocesana: el postulador de la causa, Teodoro León, vicario general de la Archidiócesis; y el postulador en la fase romana, Alfonso Ramírez.

Los miembros de tribunal son Angel Faílde, delegado episcopal; Isacio Siguero, promotor de Justicia; Francisco Miguel Martínez, notario actuario; y Mónica Freire, notaria adjunta, mientras que el profesor de la Universidad de Sevilla José Leonardo Ruiz preside la Comisión Histórica y Archivística, de la que son miembros Nuria Casquete de Prado e Isabel González.

Una comisión ha analizado todos los casos documentados y otros que habían sido objeto de rumores, en los que la persecución fue «a causa de su fe o de su condición sacerdotal».

Con ese único criterio se han analizado todos casos durante la investigación inicial sobre una base de medio millar de personas repartidas por medio centenar de municipios.

Tras la investigación, la causa se ha concretado en las 21 personas que conforman la lista, que son los que reúnen, según la comisión, los requisitos para pedir los permisos necesarios y abrir la causa.

Para llegar a esta conclusión se ha analizado una extensa documentación procedente de archivos -Centro Documental de la Memoria Histórica, Archivo Diocesano de Huelva, Archivo General del Arzobispado, del Seminario de Sevilla y de la Universidad de Sevilla, entre otros- y de más de un centenar de obras bibliográficas, además de publicaciones periódicas.

También se han tenido en cuenta declaraciones de testigos, que junto al resto de documentación forman parte de la voluminosa documentación que tiene la Comisión de Peritos en Historia y Archivos.

Se desconoce cuánto tardará en completarse todo el proceso para la beatificación, así como el lugar que acogerá la ceremonia.

El último acto de estas características en España se celebró el 13 de octubre de 2013, cuando 522 religiosos asesinados en la Guerra Civil fueron beatificados durante una ceremonia en Tarragona.

Con aquel acto, el número de mártires beatificados del siglo XX en España se elevó a 1.523, de los que once ya han sido canonizados.