La escuela concertada ha decidido movilizarse ante los ataques recibidos por el Gobierno a través de la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), cuya tramitación avanza rápidamente en el Congreso de los Diputados sin que la comunidad educativa ni la sociedad puedan participar. Una movilización que han articulado a través de la campaña Más plurales, Más Libres, Más Iguales, que une a numerosas entidades y colectivos que representan a las familias y alumnos, a los centros educativos y a los profesores.

En concreto, se ha abierto una recogida de firmas –que va acompañada de un manifiesto– que serán entregadas en el Congreso de los Diputados, habrá protestas todos los miércoles en los centros educativos respetando las medidas sanitarias establecidas y también se prevé una movilización en la calle que, por la pandemia, podría realizarse en coche. Todas estas acciones se verán reforzadas por una intensa actividad en redes sociales, donde periódicamente se irán ofreciendo los argumentos de la campaña.

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz de la campaña, el abogado Jesús Muñoz de Priego, estas acciones se justifican porque la LOMLOE es «una muy mala ley», pues «acentúa aún más el papel intrusivo del Estado en la educación en detrimento de las libertades públicas» . De hecho, el objetivo es la paralización de este proyecto, aunque es consciente de que esto será muy difícil. «Al menos, que la ley sea lo menos mala posible y que tenga el mínimo».

Muñoz de Priego ha lamentado que se haya excluido a la comunidad educativa de la tramitación parlamentaria de la ley, aunque ha denunciado que lo más grave es «el ataque a la libertad de enseñanza».

Razones de peso

Un ataque que, ha denunciado, se pone de manifiesto en la eliminación de la demanda social, un decisión que provocará que la programación se lleve a cabo de forma unilateral por parte de la administración. También la invención de un derecho a la educación pública, cuando «el único derecho existente es el derecho a la educación», que se garantiza mediante plazas suficientes en los centros sostenidos con fondos públicos, también, en los de iniciativa social o concertados.

Del mismo modo ha denunciado el trato a la clase de Religión, que queda «sin alternativas» ni «efectos en la evaluación»; que se imponga una asignatura de valores cívicos que no ha sido consensuada y que, por tanto, les recuerda a Educación para la Ciudadanía; que tenga que haber un representante de los ayuntamientos en el Consejo Escolar de cada centro, que define como «comisario político»; o que no se garantice la supervivencia de los centros de Educación Especial.