El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado este martes que «nadie», ni la Conferencia Episcopal Española, ni ninguna confesión religiosa «puede inspirar los criterios legislativos del Gobierno».

El ministro ha respondido de esta manera al senador del PSOE Arcadio Díaz Tejera, en la sesión de control al Gobierno en la Cámara alta, quien le ha preguntado por su «verdadera razón» para «imponer» la reforma de la ley del aborto.

Gallardón ha matizado que el anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre, no reforma la actual ley sino que la deroga. Ha dicho ser consciente de queel debate sobre el aborto «genera incomodidades en la sociedad» tras lo que ha añadido, citando al exvicepresidente de los Estados Unidos Al Gore, que «por el hecho de ser incómoda una verdad no deja de serlo».

En este sentido, el titular de Justicia ha agregado que «desde el comienzo de la gestación hay un bien jurídico protegido», tal y como, según ha dicho, dictó el Tribunal Constitucional (TC). Ha insistido en que en 1985 se estableció que cuando existe conflicto con los derechos de la mujer y el no nacido es el legislador el que tiene que resolverlo.

«Usted dice que es más cómodo que durante tres meses nos olvidemos de proteger esos bienes, lo siento, no lo acepto», ha aseverado Gallardón, quien ha repetido que la ley del aborto que se mantuvo hasta 2010 la elaboró el gobierno socialista de Felipe González, a su juicio, «sin duda, el mejor presidente socialista».

Además, esa ley, ha resaltado, la mantuvo el Ejecutivo de José María Aznar (PP) y el de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), en este último caso durante su primera legislatura. Por ello, para el ministro, el senador socialista que ha criticado el anteproyecto sobre el aborto «está en desacuerdo» con el PP pero también con «la historia del PSOE». Díaz Tejera ha dicho que Gallardón lleva meses defendiendo la reforma con tres argumentos: estaba en el programa electoral del PP, ajustar la doctrina del TC y por los tratados internacionales en materia de discapacidad.

Para el senador, el programa electoral no establecía los términos en los que se ha redactado el anteproyecto, además, el TC en dos de sus sentencias establece que en caso de conflicto en esta materia es el titular de derechos fundamentales -la mujer- el que decide, y España no ha sido denunciada en ningún tratado sobre discapacidad. Asimismo, Díaz Tejera ha opinado que el anteproyecto «quita» a las mujeres el derecho a decidir libremente sobre su maternidad.