El juez de menores Emilio Calatayud, conocido por sus sentencias ejemplares a jóvenes que delinquen condenándoles a realizar servicios a la sociedad, ha denunciado que se está produciendo un incremento de las agresiones de los hijos contra los padres, y que crecen las agresiones realizadas por las chicas. El juez ha hecho estas manifestaciones en Jornada sobre “La cultura del esfuerzo” organizada por CinemaNet, en la que se ha trabajado sobre el uso del Cine en la Educación.
Catalayud dijo que “en estos momentos está disminuyendo en su conjunto el número de jóvenes que delinquen, pero lo que está en aumento es la agresión contra los padres. En el conjunto de los delitos realizados por jóvenes de 17-18 años el 75 por ciento aproximadamente son realizados por varones, y el 25 por ciento por chicas, pero en el caso de las agresiones contra los padres las muchachas alcanzan ya un porcentaje del orden del 40-45 por ciento”. Añadió que hay padres aterrorizados y que denuncian a sus hijos.
Sobre las causas de la disminución global de la delincuencia juvenil, el juez considera que se debe a que “los chicos han vuelto más a la escuela como consecuencia de que, por la crisis, muchos que pasaban al mundo laboral abandonando los estudios a los 16 años para trabajar sobre todo en la construcción ahora no tienen trabajo y siguen estudiando. También quizás por la crisis, los padres están más en casa” y, bromeó, “porque queda poco por robar”.
problemas con los niños adoptados
El juez manifestó que se están produciendo “serios problemas entre los hijos adoptados” y “se están devolviendo bastantes a los Servicios Sociales”. Asimismo hizo referencia al ya conocido decálogo para formar un delincuente, de la policía de Seatle, y denunció que “se venden piruletas de marihuana en los herbolarios” y que “con las formas de ser y actuar que plantea, la televisión está creando una juventud. No refleja lo que es la juventud en la sociedad”.
Calatayud dijo con rotundidad: “¿Por qué los políticos no quitan el botellón?”, y recordó cómo miles de jóvenes se embriagan y que el alcohol es una droga. “Tenemos muchos chavales que se están volviendo locos, por la droga o el alcohol. Y muchos padres tienen pánico a sus hijos”, sentenció.
los móviles “fuera de las escuelas”
El juez de menores de Granada se declaró rotundamente partidario de que “los móviles desaparezcan de los centros escolares”. No lo planteó solo por el aspecto estrictamente educativo, de distracción de la atención del niño en las aulas, sino porque ve que el móvil está siendo utilizado cada vez más para aspectos delictivos, como los envíos y difusión de imágenes que perjudican a otros.
Recordó que el profesor no es un “colega” de los alumnos y cree que el sentido de autoridad es importante, tanto en la familia como en la escuela, sin que tenga que caerse en autoritarismo. “Hemos llegado a plantear un simple cachete como un maltrato”, dijo.
Calatayud resaltó la importancia de la familia en la formación de los jóvenes y dijo que gracias a ella no se produce un estallido en la sociedad por la crisis.
edad en las relaciones sexuales
Propuso también a las fuerzas políticas y sociales que lleguen en España a un “Pacto por el Menor”, aunque se declaró escéptico en que los partidos sean capaces de hacerlo cuando no han llegado ni siquiera a un Pacto por la Educación.
“Hay que redefinir lo que es un menor”, dijo, recordando que hay muchas distorsiones e inadecuaciones de las leyes, por ejemplo en las referentes a la edad legal sobre las relaciones sexuales consentidas, el aborto y otras muchas. Como ejemplos puso las relaciones sexuales “legales” a partir de los 13 años, y se declaró partidario de elevarlas a los 14, o que una chica puede acudir para abortar a los 16 años sin comunicarlo a sus padres, pero esta misma chica no puede hacerse un piercing sin consentimiento de sus padres o tiene limitada su responsabilidad legal en asuntos mínimos.
Calatayud se declaró partidario de modificar la Ley del Desahucio de viviendas, que considera injusta. De otro lado, cree que fue un error haber trasladado desde la Administración Central a las autonómicas las competencias de Justicia, Educación y Sanidad.