Han sido muchas las veces que este medio ha informado acerca del negocio del aborto en Estados Unidos. En particular sobre Cecile Richards y su multinacional Planned Parenthood, el centro que aborta más de 320.000 bebés cada año con la ayuda de más de 500 millones de dólares de los contribuyentes.

La permisiva legislación norteamericana respecto al aborto, el gran número de centros abortistas repartidos por el país y la polémica ligada a la venta de las partes de los bebés abortados hacen que los medios, especialmente los pro-vida, dediquen sus portadas al tema del aborto en EEUU.

Pero, ¿cuáles son las caras del aborto en nuestro país? ¿Quién lidera o ha liderado el negocio de la muerte en España? Se lo descubrimos a continuación.

El aborto en España

Cabe recordar que el aborto en España es legal, y se rige por la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que entró en vigor el 5 de julio de 2010. Esta normativa despenaliza la práctica del aborto hasta las primeras 14 semanas de embarazo.

Esta ley sufrió una modificación en septiembre de 2015 -llevada a cabo por el gobierno del PP- con respecto a las menores de edad y su decisión de abortar. Actualmente, las menores de 18 años necesitan el consentimiento de sus progenitores o representantes legales para poder abortar.

Nombres y caras

Carlos Guillermo Morín, el ‘rey del aborto’

Carlos Guillermo Morín Gamarra ha sido el protagonista de uno de los casos sobre abortos ilegales más destacado de la historia de Europa. De origen peruano, este médico llegó a España en los años 80. Ya en 1989 fue encarcelado por practicar abortos ilegales en el centro Ginetec de Alicante.

Tanto él como su mujer María Luisa Durán se lucraron durante varios años gracias al aborto. Morín llegó a dirigir cuatro clínicas abortistas en Barcelona (Ginemedex, Barnamedic, TCB y Emecé) y una sucursal en Madrid, el Instituto CB Medical. También creó una fundación que lleva su nombre, la Fundación Morín.

El abortista peruano fue detenido por la Guardia Civil el 26 de noviembre de 2007. Tras una extensa y rigurosa investigación, Morín y once de sus colaboradores fueron llevados ante la justicia el 14 de septiembre de 2012 por aborto ilegal, falsedad documental y asociación para delinquir. El pasado junio, la Audiencia de Barcelona condenó a un año y medio de cárcel al ginecólogo por practicar 11 abortos ilegales en sus clínicas de Barcelona, de los 89 de que estaba acusado.

Morin y su esposa, para quienes la Fiscalía pedía cerca de 300 años de cárcel, fueron absueltos en 2013 por la Audiencia de Barcelona al entender que los abortos que practicó en sus clínicas quedaban amparados por la antigua ley o por la aprobada en 2010: o estaban dentro de las 14 semanas de gestación en que se permite el aborto o había riesgo de daños físicos o psíquicos para la madre y el feto, sin que se superaran las 22 semanas de plazo máximo, pero el Tribunal Supremo obligó a repetir el juicio al estimar un recurso de la Fiscalía.

El caso del doctor Morín saltó a la luz pública tras la emisión de un reportaje por la televisión pública danesa DR, en el que se apreciaban imágenes que, según asegura el Centro Tomás Moro, eran constitutivas de un número indeterminado de delitos de aborto ilegal, tipificados respectivamente en los artículos 144 y 145 del vigente Código Penal.

Luis Enrique Sánchez Acero, enemigo de la libertad de conciencia

El ginecólogo Luis Enrique Sánchez Acero es el Presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) y médico en un centro especializado en salud sexual y reproductiva y medicina preventiva.

En un reportaje publicado por el diario el País, el presidente de la FPFE defendió que una de las principales causas por las que algunos hospitales públicos no practican abortos es porque “las consejerías de sanidad no han fijado la obligación y los servicios de ginecología hospitalarios prefieren no planteárselo, aludiendo a problemas organizativos, falta de quirófanos o escasez de recursos”. En su opinión, se trata de una cuestión de “falta de voluntad política de los responsables sanitarios”.

En una entrevista en La 2, hace ya tres años,  Luis Enrique denuncia que “existen todavía unos mitos, y unos miedos entorno a los estos procedimientos. Muchísimo miedo a utilizar la píldora del día después, porque hay muchas personas que piensan que puede causar problemas, que puede ser abortivo, sin embargo no es así, es un anticonceptivo esencial para la OMS que desgraciadamente no utilizan todas las personas expuestas a una relación de riesgo”.

El ginecólogo asegura que llevamos un atraso enorme respecto a otros países y que desde la FPFE están “reclamando al ministerio de sanidad que dé los pasos para desarrollar esa estrategia”.

Sobre la educación sexual en las escuelas, Luis Enrique Sánchez señala que existen “factores religiosos que están muy presentes en nuestro país. Es un error. En otros países, al margen de otros temas religiosos hay una serie de elementos fundamentales en la sexualidad que los alumnos, algo que los niños deben conocer.

Federación de Planificación de Familiar Estatal

La Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) es una organización cuyo objetivo es la extensión de los llamados “derechos sexuales y reproductivos”. En el desarrollo de su labor la organización incide en la anticoncepción, el acceso al aborto, la educación sexual de niños, jóvenes y adolescentes, la prevención del VIH y la realización de estudios sobre género.

FPFE es miembro de International Planned Parenthood Federation (IPPF), una organización que trabaja en 170 países y promueve los métodos anticonceptivos y la legislación del aborto. De esta federación de ámbito internacional también es miembro Planned Parenthood Federation of America, el gigante del aborto estadounidense que ha sido acusado de traficar con órganos humanos y de vender los órganos de los fetos descuartizados en las clínicas abortistas que dirige.

Planned Parenthood en España, sin embargo, no tiene clínicas abortistas, sino que centra gran parte de sus esfuerzos en incidir en el ámbito político y ejercer de grupo de presión.  Esta organización ejerce una importante influencia en las administraciones públicas españolas. Trabaja y colabora con el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Empleo, la Generalitat de Cataluña, la Xunta de Galicia, el gobierno de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Albacete y tiene acuerdos y convenios con la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, según informa su presidente. FPFE también tiene conciertos con el Instituto de la Mujer a nivel estatal y con las subvenciones que recibe del Estado español financia una línea 900 a la que acuden sobre todo jóvenes.

Eugenia García Raya, desacredita la autoridad de la Iglesia

Eugenia García Raya, técnica responsable de incidencia política en la FPFE, defendió en 2014, haciendo referencia a la reforma de la ley del aborto actual, que “hay voces nuevas que están presionando al gobierno para hacer esta reforma de ley. Hay ciertas posiciones de extrema derecha muy ligadas a la Iglesia Católica (…) están siendo demasiado escuchadas, y digo demasiado porque no representan a una gran cantidad de personas”.

“Es algo que se debe debatir desde la evidencia científica y no desde la moral de determinados grupos”, sentenció.

Victoria Virtudes, ‘los profesionales serán unos asesinos’

Victoria Virtudes es representante del centro abortista El Bosque. Durante una entrevista en 2014, Victoria aseguró que si se llevaba a cabo la reforma en la ley del aborto, “las mujeres serán vistas como víctimas y los profesionales como asesinos”. Contradicción tras contradicción, la representante del centro El Bosque defiende en el vídeo el “derecho de las mujeres a decidir”. Concluye diciendo que “no hay nada peor que una feminista cabreada, y como no tenemos nada que perder, vamos a ir a por todas”.