«El despacho profesional –ha explicado la CEE a través de un comunicado– abrirá un cauce independiente para recibir eventuales denuncias, revisará procedimientos jurídicos tendentes a sancionar las prácticas delictivas y ofrecerá su colaboración a las autoridades para ayudar a esclarecer los hechos y establecer un sistema de prevención que satisfaga las demandas sociales al respecto».
Se abre así una investigación alternativa a la planteada por el PSOE y que está encabezada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; y también a la propuesta por Podemos, Esquerra Republicana y Bildu de crear una comisión parlamentaria.
Este martes, 22 de febrero, el presidente de los obispos españoles, Juan José Omella, y su homólogo en la firma legal, Javier Cremades, comparecerán en una rueda de prensa para dar más detalles sobre esta iniciativa.
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