Cáritas y el arzobispo Omella reclaman la renta mínima

La Navidad es tiempo de paz, de fraternidad, de solidaridad. Pero también de un consumismo feroz, de regalos y de grandes comilonas. Las familias ya están llenando la cesta de la compra con los manjares propios de esta festividad. Según adelantó ayer Mercabarna, este año despacharán más de 7.000 toneladas de pescados y mariscos y otras 110.000 de frutas y hortalizas. Según las previsiones, las ventas crecerán entorno a un 2% y si bien es cierto que los bolsillos empiezan a recuperarse ligeramente, hay un segmento de la población que no percibe esta supuesta mejoría económica.

Los más vulnerables cada vez tienen más riesgo de quedarse en la cuneta y de no salir de ella. Cáritas ha constatado que los pobres son cada vez más pobres y han de recurrir durante más tiempo a las entidades y comedores sociales para alimentarse. En la rueda de prensa que Cáritas ofrece en Navidad, se recordó que este tipo de ayudas «son una vía de urgencia temporal» y que no están pensadas para ser utilizadas de manera permanente. Por ello, instó al Govern a aprobar urgentemente una renta mínima garantizada, que todavía está pendiente de debate en el Parlament.

El director de Cáritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, explicó que desde el estallido de la crisis se han cuadriplicado las ayudas que destina a las familias para necesidades básicas, pasando de un millón de euros en 2007, a casi cuatro millones en 2016. La mitad, entorno a dos millones, se han empleado directamente a garantizar la alimentación de las personas que atiende, ya sea en especie o a través de la «tarjeta solidaria», un mecanismo que puso en marcha esta entidad católica en 2003 y con el que se pretende dignificar el sistema de prestación de ayudas.

Con esta tarjeta, las familias vulnerables pueden comprar los productos que necesitan y gestionar de manera autónoma su alimentación en una red de comercios de proximidad integrados en la iniciativa.

Aunque Busquets defendió la potenciación de este mecanismo de ayuda, al mismo tiempo quiso remarcar que «deben ser transitorias». En la rueda de prensa, también se presentó el informe «Frágiles, la alimentación como derecho de la ciudadanía», que contó también con la participación del arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Tras denunciar que «la separación entre el estado del bienestar y la pobreza se ha hecho más grande», Omella se sumó al requerimiento de la renta mínima.

El informe, que se centra en la campaña de Cáritas de Navidad alrededor de la alimentación y «la fragilidad humana», constata que la pobreza severa ha aumentado un 4% desde 2007, hasta llegar al 10,6 %de la población en 2016.

El estudio refleja que el salario mínimo «se ha convertido en la referencia» para los contratos, mientras que «antes se tenía en cuenta el salario medio»: actualmente, un cuarto de los trabajadores catalanes cobra el salario mínimo, de los cuales 329.000 personas cobran menos de 327 euros mensuales.

La entidad también denuncia a través del informe que la desigualdad crece en Cataluña, ya que el 20% de la población con más ingresos tiene seis veces más que el 20% de la población con menos ingresos, mientras que, en 2007, la diferencia era de cinco veces.

Mercè Darnell, adjunta en Acción Social de Cáritas, hizo una llamada a las administraciones públicas y su «responsabilidad» para cambiar esta situación. Darnell y Busquets explicaron que la entidad espera que el parque de vivienda social se equipare al nivel de los países europeos, que cuentan con un 16 % de media de pisos sociales, mientras que en la comunidad catalana sólo hay entre el 2 y el 2,5 % de parque de vivienda social.