En la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción del Embarazo podemos descubrir el progresivo crecimiento en inmoralidad, injusticia e inhumanidad. Y para iluminar esta dura afirmación nada mejor que acercarse a la ley y analizar los supuestos casos de «derecho» al aborto de la nueva norma. En ella es posible determinar una serie de pasos en la justificación de hecho de la muerte del inocente
El primero es que, según la nueva ley, dentro de las 14 primeras semanas se puede abortar libremente. Aceptar esto conlleva privar de todo derecho al ser humano hasta los tres meses y medio de gestación. Esta opción se fundamenta en negar que el embrión sea un ser humano autónomo e independiente de la madre, así como que la vida humana comience en el momento de la fecundación.
Esta postura es cada día menos sostenible desde el punto de vista científico. La ciencia no puede decir hoy que la vida humana no comienza con la fecundación y aún menos puede negar la existencia de un ser humano en el tercer mes de gestación.
Ante esta evidencia científica se quiere justificar el asesinato del inocente en nombre de la filosofía y, más concretamente de la metafísica, negándole al embrión y al feto el estatus de persona. Pero esto es también insostenible desde el punto de vista filosófico, pues todo ser humano desde el principio de su vida es alguien que se encarna en un cuerpo que se va desarrollando con la edad.
Ante este dato fenomenológico incuestionable, para justificar el aborto no hay más remedio que manipular la metafísica, calificando al feto menor de tres meses y medio sólo como ser vivo, negándole así el estatus personal e incluso el de ser humano. Un verdadero «sin papeles» candidato a la expulsión del seno materno y con ello a la muerte, lo que para cualquier conciencia humana normal sería un atentado científico y metafísico, inmoral en toda regla.
La ley contempla que, para aquellos niños con alguna malformación, se puede abortar hasta las 22 semanas (cinco meses y medio), que es cuando se alcanza la viabilidad, es decir, que puede sobrevivir fuera del seno materno. Esta medida legislativa nos introduce en el reconocimiento de la desigualdad y en la apertura a la mayor de las injusticias. Me explico: suponiendo que no se le concede la dignidad a los seres humanos hasta los tres meses y medio nos preguntamos ¿por qué si hay discapacidad la dignidad no se adquiere hasta los cinco meses y medio? La única respuesta racional y lógica es afirmar que todos los fetos discapacitados son «seres infrahumanos», más indignos que los aparentemente «normales». Por tanto, con esta medida se crea, en nombre del progreso y de la extensión de «derechos», un nuevo estatus humano, una nueva clase social sin derecho alguno. A partir de ahora con una ley «progresista» no todos los seres humanos son iguales en dignidad y en derechos, minando el principio básico de la justicia, esto es: la igualdad de todos los seres humanos.
La ley contempla que cuando en el feto se detecten malformaciones severas se puede abortar después de las 22 semanas, siempre y cuando una comisión clínica certifique que son malformaciones intratables o incurables. Este punto de la ley, por un lado suscita en nosotros una cierta sospecha de parecido con el llamado programa T4 diseñado por la cúpula nazi con justificaciones eugenésicas. Por otro, nos obliga a una reflexión sobre la moralidad del mismo. Para ello me permitiré exponer algunos principios:
– El primero es que desde el punto de vista sanitario no se puede olvidar que la misión del médico es curar y cuando esto no sea posible le toca aliviar o consolar, pero nunca sentenciar a muerte; el segundo es la constatación de que la conciencia humana nos grita que nunca es lícito acabar con la vida de un ser humano inocente y débil.
– Además, la lógica racional nos lleva a la conclusión de que, con lo que establece la Ley del Aborto, a la comisión clínica se le otorga nada menos que el poder de determinar o autorizar la muerte de un ser humano, del que nadie duda de su existencia, ni siquiera la misma ley, pues tiene más de cinco meses y medio.
– A ello habría que añadir también en pura lógica, nacida del texto legal, que desde el punto de vista moral el único fin que tiene la comisión es justificar el asesinato de un inocente.
– En definitiva, pienso que dichas comisiones clínicas más que abrir una puerta de humanidad lo que pretende es justificar la eugenesia y acallar con una formalidad, revestida de pretensión científica, la conciencia humana que grita en el interior de todo hombre y se rebela ante el atentado que se quiere cometer contra la verdadera razón, aplicando, en nombre del progreso, la eugenesia despiadada.
Por último, me gustaría hacer alguna consideración desde el punto de vista teológico. Admitir el «derecho» al aborto nos sitúa ante la sentencia a muerte de un inocente. El poder, las mayorías parlamentarias y lo políticamente correcto han determinado, en nombre del materialismo más radical, la eliminación de los seres humanos en la primera etapa de su vida. Y, para ello, hay que encontrar todos los apoyos posibles y eliminar cualquier obstáculo para llevarlo a cabo.
Ante esto caben varias posturas: lavarse las manos, mirar para otra parte, justificar la muerte, o mejor: esforzarse por cambiar en las conciencias, en las leyes y comportamientos, por medios legítimos, este estado de cosas que evidencia una clara cultura de la muerte que desdice de nuestra condición humana, de nuestra civilización e historia como pueblo y, para los cristianos, del mensaje del Evangelio.
Nuestra opción ha de ser esta última, con el apoyo de la oración y la certeza de que el mal, en este caso, la muerte no tiene la última palabra. Se recuperará así la lógica de Jesús de Nazaret, Redentor del hombre, que, como nos recordaba Juan Pablo II, pasa necesariamente por la defensa y engrandecimiento de la dignidad humana.