Todo por los hijos

Los obispos de Castilla y León hemos hecho pública la semana pasada una Nota sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía, con motivo de que el próximo curso comenzará a impartirse entre nosotros. La EpC es una imposición ilegítima por parte del Estado, de una determinada formación de la conciencia de los alumnos, sin el consentimiento de sus padres. A pesar de que algunos pretendan transmitir la imagen de que la Iglesia en España no asume la legitimidad del Estado aconfesional, la verdad es que las circunstancias actuales nos han llevado a convertirnos en portavoces y defensores de muchos derechos constitucionales de los ciudadanos, que son negados por la vía de los hechos consumados y por la estrategia de una ideología laicista totalitaria. Por mucho que moleste, nos sentimos en el deber moral de seguir recordando el artículo 27.3 de la Constitución Española: “Los poderes políticos garantizan el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones morales”. Afortunadamente, cada vez son más los que entienden que la Iglesia no está defendiendo ningún interés particular y ya existen muchas iniciativas ciudadanas de resistencia activa ante esta intromisión injusta. Las mismas sentencias del Tribunal Superior de Andalucía contrarias a la asignatura —y otros nuevos pronunciamientos judiciales en la misma dirección— son la mejor prueba de que la Iglesia no estaba hablando de “fantasmas”. En la citada Nota episcopal declarábamos que “los padres tienen derecho a poner objeción de conciencia a la enseñanza de la asignatura EpC, así como a la denuncia personal de esta Ley”. Es sabido que los centros de enseñanza privados no tienen opción a la objeción de conciencia, sino que el titular de este derecho es el ciudadano (los padres, en este caso). En el momento en que escribo estas líneas, unos treinta mil padres españoles han tomado esta opción. Su objeción no va dirigida al centro de enseñanza, ni al profesor, ni al libro…, sino al atropello de un Estado que pretende erigirse en educador moral de los hijos. Estoy seguro de que Dios bendecirá a estos padres que han decidido declararse en “santa rebeldía” por el bien de sus hijos. No quieren engañarse una vez más, optando por el “mal menor”, porque han entendido ya que, cuando el mal menor pasa a ser la opción ordinaria, termina por convertirse en una inexorable cuesta abajo hacia el “mal mayor”. Su resistencia activa está escribiendo una de las páginas más bellas de la historia de la lucha por el bien los hijos, así como de la defensa del principio de subsidiariedad frente a la tiranía de los estados. Y cuando llegue el día de la victoria —¡que llegará!—, quienes nos hayamos quedado en segunda fila, tal vez hayamos de sentir admiración y agradecimiento; y quizás un poco de rubor y vergüenza… Mención aparte merece la postura de la Consejería de Educación de Castilla y León, que se está negando a tramitar las objeciones presentadas por los padres, aduciendo que en el desarrollo del currículo, ya han quitado los contenidos que presumiblemente pudieran resultar contrarios a la conciencia de los padres. ¡Vuelven a tropezar en la misma piedra que el Gobierno central! ¿Quiénes son ellos para discernir los contenidos morales que los padres han de estimar como aceptables o rechazables? El Gobierno de Castilla y León critica la EpC de Zapatero; pero, como contrapartida, impone una EpC autonómica. Su postura no sólo es irrespetuosa con el derecho a la objeción de conciencia de los padres, sino que cae en el mismo desacierto que afirma rechazar. Por lo demás, ¿acaso pueden garantizar que les vaya a ser aceptado ese recorte curricular de la EpC, cuando ya ha sido recurrido judicialmente por el Gobierno central? ¿Y si el próximo gobierno autonómico cambiase de signo político?