Según adelanta el digital de izquierda radical ElDiario.es y confirman fuentes de El Confidencial, la exministra socialista de Educación, Isabel Celaá es la persona que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere enviar como embajadora a la Santa Sede.

Celaá dejó de ser ministra el pasado mes de julio, tras una amplia remodelación del Gobierno. El Ministerio de Exteriores, que desde esa remodelación es José Manuel Albares, ha pedido a la Santa Sede el llamado plácet diplomático.

Si el Vaticano aceptara, Celaá -no especialmente conocida por su capacidad diplomática- tendría una posición que en la carrera diplomática es deseada y apreciada como de las más reconocidas. Sustituiría a la actual embajadora, María del Carmen de la Peña, que está finalizando su dilatada carrera diplomática (en el servicio diplomático desde 1979, en el Vaticano desde 2018).

Enfadó a la escuela católica y concertada: 2 millones de firmas

Sorprende que alguien piense que Celaá pueda ser adecuada para el cargo, tras haber enfadado durante años a las escuelas cristianas, concertadas, de educación especial y de educación diferenciada de España.

Ha logrado algo poco frecuente, que 2 millones de personas firmaran contra la ley que lleva su nombre, como señaló la web de la campaña MasPlurales.es y que se movilizaran las escuelas de educación católica y muchos cientos de miles de alumnos contra ella.

En noviembre de 2019, como oradora en el congreso de Escuelas Católicas (organización con unos 2.000 centros, el 15% de todos los alumnos de España y 6 de cada 10 de la concertada), provocó su enfado y escándalo al proclamar que «la libertad de los padres para elegir tipo de centro no emana del artículo 27 de la Constitución» y que «de ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza».

Cuando dijo esto, se escuchó el revuelo en la sala y las reacciones de las familias y las escuelas fueron de indignación sostenida. La ministra luego intentó justificarse con una sentencia de 1981 y las escuelas le respondieron con numeras sentencias mucho más recientes y actualizadas.

Pin parental: «los hijos no son de los padres», dijo

Un par de meses después, en enero de 2020, Celaá volvió a la carga criticando el «pin parental« (el derecho de los padres a saber si a sus hijos les van a impartir temas controvertidos e ideológicos para poder evitárselo) proclamando en una rueda de prensa que ese derecho paterno «vulnera el derecho fundamental a la educación, que pertenece a cada persona desde su nacimiento. No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres«.

Como ya señaló ReL, con esa frase la socialista vasca parecía estar recitando convencida un clásico centenario soviético, El ABC del comunismo, de Bujarin y Preobrazhensky, que en su párrafo 79 proclama: «el derecho de los padres a educar a sus propios hijos… Este derecho, desde el punto de vista socialista, no tiene fundamento...el niño pertenece a la sociedad». (Ambos autores fueron fusilados por sus correligionarios en las purgas de 1937 y 1938 y las autoridades comunistas le quitaron la hija a la viuda de Bujarin, a la que deportaron).

Ya en marzo de 2021, con la pandemia en sus inicios, criticaba a un diputado padre de una niña con síndrome de Down porque defendía la escuela diferenciada. La ministra le dijo: «¿De qué lejos viene usted?, usted no ha hecho nada por el progreso». Volvieron las protestas indignadas.

Curiosamente, Celaá no era ejemplo de lo que quería imponer a los demás: ella sí llevó a sus hijas a un colegio católico concertado y diferenciado, algo que ha intentado dificultar al máximo a los demás.

No parece la trayectoria idónea para representar diplomáticamente a España ante la Santa Sede. Quizá sí para provocar incidentes…