No obstante una campaña internacional a favor del aborto y las encuestas que preveían una victoria del frente favorable a la liberalización de la interrupción voluntaria del embarazo, los ciudadanos de Liechtenstein se han opuesto por mayoría.
Actualmente en el Principado el aborto está prohibido y castigado con una pena hasta de un año de cárcel, aunque se practique en el extranjero. No ha habido condenas por este motivo desde hace años.
El texto de ley propuesto en el referéndum proponía la despenalización de la interrupción del embarazo en las 12 primeras semanas con un modificación del código penal en este sentido.
Pedía también, el derecho a abortar después de este plazo si el feto presentaba un grave peligro de discapacidad física o mental.
En el Parlamento sólo una minoría había aceptado la iniciativa para legalizar el aborto. En agosto, el príncipe heredero Alois se había manifestado contra la liberalización de la interrupción del embarazo. También el arzobispo de Vaduz, monseñor Wolfang Haas se negó a oficiar la misa como signo de protesta contra el aborto.
Ahora que el referéndum ha sido rechazado, los dos partidos de gobierno, Unión Patriótica y el Partido Burgués Progresista, han anunciado que propondrán una modificación del Código Penal. El aborto se prohibirá, pero no se castigará penalmente a quien lo practique en el extranjero.
El Principado de Liechtenstein cuenta con más de 35.446 habitantes (datos de 2008), con una densidad demográfica de 209 personas por km², y tiene una renta per cápita de las más altas de Europa.
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