La sentencia del Caso Morín apremia al PP a cambiar la ley

La Audiencia de Barcelona ha exculpado de todos los cargos (89 abortos ilegales, falsedad documental y asociación para delinquir) que se imputaban al abortista Carlos Morín y a su equipo, con una sentencia que ha sido calificada de «escandalosa y llena de incongruencias» por las asociaciones provida. La sentencia, que será recurrida ante el Supremo, evidencia la impunidad legal del aborto en España, y ha removido las filas del PP, donde no se entiende que Justicia no haya presentado aún la reforma del aborto

«El caso Morín ha dejado claro que, en España, el aborto ha estado cubierto por un manto de impunidad total, y que la ley no sólo no ha protegido la vida en los supuestos que tenía que haberla protegido, sino que ampara cualquier tipo de violencia contra la vida gestante. Es como si tuviésemos una ley del aborto libre e impune, y que ese manto de impunidad y de silencio tuviese que cubrir también a los medios de comunicación y a los partidos, para hurtar el debate a la sociedad. La nueva ley tiene que acabar con esta situación como sea, porque es escandaloso que uno pueda delinquir ante la inacción de la Justicia y del poder político, sobre todo cuando hablamos de eliminar la vida humana». Ésta es la denuncia realizada por miembros del Partido Popular, tras la sentencia que la Audiencia Provincial de Barcelona dictó, el pasado 31 de enero, para absolver al doctor Carlos Morín y a sus colaboradores de las clínicas Ginemedex y TBC, en Barcelona, de los delitos que se les imputaban: 89 abortos ilegales, falsedad documental y asociación con fines delictivos.

La sentencia ha removido las filas de los núcleos provida del PP, que no entienden «por qué el Gobierno se atreve a hacer reformas y recortes polémicos, pero retarda cada vez más la reforma de la ley del aborto», según fuentes del PP consultadas por Alfa y Omega. «Desde el Ministerio -indican las mismas fuentes-, nos dijeron que la nueva ley estaría para octubre; luego, para enero; y ahora, que falta tiempo. El ministro Gallardón está muy receptivo, así que los diputados, senadores y gente de la casa que están contra el aborto no entienden quién está retardando la ley, ni por qué ni siquiera hay un borrador sobre la mesa: ¿es alguien por encima del ministro, como el Presidente o la Vicepresidenta, o técnicos por abajo? Porque, si tenemos en cuenta los plazos para estudiar el borrador, realizar enmiendas, y aprobar la ley en el Congreso, en el Senado, y otra vez en el Congreso, podríamos agotar la legislatura sin tener la ley. Y si el PP no gana las elecciones, el PSOE haría lo que hizo con la LOCE: derogarla y radicalizar el aborto».

Esta polémica ha sido una de las consecuencias de la sentencia emitida por la Audiencia de Barcelona, que, en opinión de don Josep Miro i Ardevol, Presidente de E-cristians (asociación que se personó como Acusación popular contra Morín) «crea escándalo y deja en total indefensión a los no nacidos, porque incluso en aquellos casos en que, de una manera evidente, se han realizado abortos al margen de la legalidad, los márgenes interpretativos resultan tan amplios que la condena nunca puede concretarse». Desde E-cristians han anunciado que recurrirán ante el Supremo, pues, según explica su Presidente, «la sentencia cuestiona el tratamiento que la Justicia viene aplicando sobre el aborto, y constituye un claro aviso de cómo debe ser la nueva legislación, que, para ser útil, no ha de dejar resquicios para que se condene aquello que merezca ser condenado».

También el Centro Jurídico Tomás Moro, que se querelló contra Morín, ha denunciado «las incongruencias» del fallo, entre las que destacan que «reconoce que la mayoría de las mujeres que abortaron bajo el supuesto de riesgo para la salud física o psíquica de la madre no fueron exploradas personalmente por ningún psiquiatra» (requisito obligatorio por ley); que algunas madres firmaron el consentimiento en un papel en blanco, que fue rellenado después por el personal de Ginemedex y TBC (incluso personal administrativo y no sanitario, lo que sería ilegal); justifica la licitud de todos los abortos, fuesen del tiempo gestacional que fuesen, por ser voluntad de las madres llevarlos a cabo; y argumenta que «todo embarazo no deseado supone una situación de evidente riesgo para la salud psíquica de la embarazada», lo que «es tanto como reconocer el aborto libre».

Además, llaman la atención hechos como que casi el 100% de las mujeres que abortaron aducían riesgo físico o psíquico para la madre, que casi todos los abortos se realizaban el mismo día en que la madre iba por primera vez al abortorio; o que el fallo afirma que Morín no tiene «antecedentes penales conocidos», a pesar de que fue condenado en 1989 por practicar abortos ilegales en Alicante. Además, al exculparle del delito de asociación ilícita, se argumenta que no hay pruebas «de que la estructura empresarial médica» creada por Morín «tuviera como finalidad principal la comisión de abortos ilegales», a pesar de reconocer «que la actividad principal de las clínicas» eran los abortos, la mayoría en tan avanzado grado de gestación que sólo podían acogerse al supuesto de riesgo para la salud física o psíquica de la madre, lo que servía de reclamo para embarazadas, de toda Europa, con más de 20 semanas de gestación.

La sentencia se ha producido en un contexto, cuanto menos, singular: tras pasar por varios Juzgados catalanes, el caso acabó en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, (una de las 6 Secciones penales), en la que los tres magistrados que la componen habían manifestado afinidad a los postulados progresistas. Así, doña Carme Domínguez Naranjo, que sentencia que el aborto no es delito, pues la voluntad de la mujer es suficiente para acabar con la vida de su hijo (sin mencionar que la mayoría de las mujeres que abortan lo hacen bajo presión de su entorno, como ha confirmado la revista Medical Science Monitor), firmó, en noviembre de 2011, un artículo sobre violencia de género en el que defendía que, si un hombre condenado a pena de alejamiento por maltrato, se acerca a la mujer porque ésta accede a ello, la voluntad de la mujer no le exime a él del delito, por la dependencia emocional de la mujer con su agresor. Don Eduardo Navarro Blasco ha participado como ponente en actos de la asociación Jueces para la Democracia, afín al PSOE; y doñaMaría Dolores Balibrea Pérez firmó un manifiesto ante las elecciones generales de 2008, elaborado por las asociaciones progresistas de la judicatura, crítico con propuestas electorales del PP, y que fue investigado por el Consejo General del Poder Judicial por su ingerencia en política. Manifiesto que concluía con una frase de Gaetano Filangieri, reconocido anticlerical del siglo XVIII, que definió «como objetivo irrenunciable para la mejora social: la superación de un sistema punitivo confesional en las prohibiciones, feroz en los castigos, vejatorio en las imputaciones, y arbitrario en las decisiones». 

«Un aborto de 30 semanas es más grave y urgente que cien Bárcenas»

La presunta corrupción en el PP, que implicaría a su ex tesorero, Luis Bárcenas, y a toda la cúpula del partido, incluido el Presidente del Gobierno, hace que «ahora, las preocupaciones se centran en demostrar la inocencia de los miembros del partido, no en sacar leyes polémicas», explican fuentes cercanas al Ejecutivo. Sin embargo, los miembros provida del PP no ocultan su inquietud: «Que en España se pueda abortar a un bebé de 30 semanas es más grave y urgente que cien casos como el de Bárcenas. La reforma del aborto tendría que haber sido una prioridad, porque hay vidas en juego, y la legislación es un coladero». Un coladero posibilitado no sólo por la ley Aído, sino por la ley de 1985, y en especial por el supuesto del riesgo físico o psíquico de la madre, que ahora quiere recuperar el Gobierno, aunque fuese el que hizo posible el caso Morín y el 98% de los abortos en España.