Ante la campaña para legalizar en España los vientres de alquiler, el Centro Jurídico Tomás Moro ha emitido un comunicado en el que sostiene que la llamada gestación subrogada -eufemismo con el que se hace referencia a los vientres de alquiler– supone “el reconocimiento legal de la explotación sexual de la mujer y la mercantilización de la vida”.
Según señala el Centro Jurídico Tomás Moro, en esta práctica “la mujer alquila su cuerpo, normalmente bajo algún tipo de coacción” lo que implica una “nueva forma de explotación de la mujer” en la que “el niño fruto del contrato es utilizado como producto comercial”.
“Un vientre de alquiler no es una nueva técnica de reproducción, sino una antigua lacra al suponer la mercantilización de la mujer”, se subraya en el comunicado, en el que también se indica que esta práctica es un negocio rentable y un delito ya que están prohibidos tanto el tráfico de menores como la explotación sexual de las mujeres.
El Centro Jurídico Tomás Moro ha manifestado que los vientres de alquiler no suponen “ningún progreso ni avance social” y sí un gran problema ético, moral, social y jurídico. Desde la asociación afirman que esta práctica “no busca el bien del niño, sino satisfacer el capricho o deseo de unos adultos de ser padres a cualquier precio”.
Esta asociación recalca que hasta seis adultos pueden llegar a litigar por la maternidad/paternidad de los menores: la madre genética (donante de óvulos), la madre gestante (el vientre de alquiler), la mujer que ha encargado el bebé, el padre genético (donante de esperma), el marido o pareja de la madre gestante (que tiene la presunción de paternidad), y el hombre que ha encargado el bebé.
Por esta razón, el Centro Jurídico Tomás Moro insta a la sociedad española a que no permanezca neutral ante el intento de “dar carta de naturaleza en el ordenamiento español a la esclavitud sexual de las mujeres y al lucrativo tráfico comercial de menores”.