Después de bien entrado en el siglo XXI de la dictadura del relativismo ideológico, lo que debería haber sido y no es España, una democracia monárquico-parlamentaria, participativa, aconfesional y no laicista anticatólica, la han transformado en una democracia partidocrática, basada en un estado de mercado que ha fabricado diecisiete microestados autocrático-autonómicos, microestados según las ofertas de un pseudo- libre pero intervencionista y estatalista mercado partidocrático, donde se compra o se vende el poder según las demandas interesadas de los gobiernos ideológicos de cada uno de los partidos políticos y sus serviles mercados financieros y mediáticos, ya sean estos neosocialistas, neoliberales, neocomunistas del terrorismo de estado o bien neonacionalistas de izquierda o derecha, anticonstitucionales y destructores de la identidad y la unidad histórica de España, de nuestra España, esclava de unos y de otros.
Desde que entró en vigor la Constitución Española (1978, hasta ahora, nos han obligado a tragar por la fuerza diversos productos políticos consensuados por iniciativa de los gobiernos en las directrices del gobierno del Estado español y en los microestados autocratico-autonomicos, que se han dedicado a no obedecer a la autoridad máxima y principal que es el Estado español, debido a que éste ha dejado de cumplir con el ejercicio democrático y constitucional de autoridad suprema, que es la de hacer efectivo el bien común para todos los españoles, una autoridad política suprema que deriva de la ley natural dada por Dios, que es su autor1, que es el que debe guiar la autoridad política según su ley natural que ha de ejercerse en el orden social de las sociedades humanas, de las comunidades.
Los intereses de la bipartidocracia PSOE-PP, el neosocialismo socialdemócrata y el neoliberalismo socialdemócrata, en los gobiernos de España, no la han permitido en las instituciones que deben estar al servicio del progreso, del desarrollo integral de las comunidades humanas cuya autoridad política ha de darles leyes justas ya no inicuas que atentan contra la dignidad de los seres y humanos y de la recta razón2.
La dejación de las funciones principales y prioritarias en el Estado español, nos ha traído una crisis política y social, jurídica y constitucional, económico-financiera y laboral, moral y ética, cultural y espiritual, porque en cada microestado autocratico-autonómico, se han permitido tomar todas las competencias del Estado español para recoger los beneficios y privilegios del estado de mercado partidocrático para luego no reconocer el desastre y el fracaso que nos han traído, al haber despreciado el bien común de toda la sociedad española.
España no puede ser esclava de una democracia del mercado partidocrático, porque no se fortalecerá como Patria, como Nación ni como Estado, mientras los microestados autocrático-autonómicos sigan queriendo gobernar a su antojo sus redes mediático-políticas y económicas de poder, sin importarles la existencia necesaria y fundamental de una autoridad suprema, democrática, participativa y constitucional del Estado español.
Diego Quiñones Estévez.
1 Pontificio Consejo <<Justicia y Paz>>, “La comunidad política”: “La autoridad política”, en Compendio de la doctrina social de la Iglesia, Edit. Planeta-B.A.C., Madrid 2005, Nºs 393-395, Cap. 8, ps 199-200.
2 Ibídem, Nº 398.