El Vaticano presentará este lunes martes sus informes contra la tortura ante la ONU en Ginebra en la Convención contra la Tortura (CAT) en la que un comité de expertos interrogará a la Santa Sede sobre cómo combate estas prácticas. Todo indica que los expertos incluirán preguntas sobre los abusos sexuales cometidos por sacerdotes.

El portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, ha explicado que «no es extraño que los Comités hagan preguntas que derivan de cuestiones no estrechamente relacionadas con el texto de la Convención, pero sí relacionadas con él indirectamente o basadas en una interpretación extensiva del mismo».

En esta línea, Lombardi ha recordado que sucedió así el pasado mes de enero en ocasión del diálogo con el Comité para la Convención sobre los derechos de los niños. «A esto contribuye a menudo la presión ejercida sobre los comités y sobre la opinión pública por organizaciones no gubernamentales fuertemente caracterizadas y orientadas ideológicamente para incluir también en la discusión sobre la tortura la cuestión de los abusos sexuales a menores, que correspondería mucho más a la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuanto ese hecho fuera una instrumentalización resulta evidente para cualquier persona que no esté prevenida de antemano», ha agregado.

El jefe de prensa de la Santa Sede ha recordado que la comparecencia es un procedimiento formal y que la Santa Sede no está obligada a participar, pero que lo hará encantada. Por otro lado, Lombardi ha observado que los expertos que forman parte de los comités «son en su mayoría personas que trabajan con gran determinación y mérito en las causas de la promoción de los Derechos Humanos, de las que, por lo tanto, tienden a ampliar los espacios y formas de defensa». Pero ha precisado que esto debe «necesariamente equilibrarse con las reglas correctas de interpretación jurídica para que el debate, en un mundo pluralista, multicultural e internacional, se lleve a cabo siempre de manera constructiva, fomentando el crecimiento del consenso de la comunidad internacional para la protección efectiva de los valores esenciales para la dignidad de las personas».

Así, Lombardi ha explicado que «es de esperar que se lleve a cabo un diálogo sereno y objetivo, pertinente al texto de las convenciones y sus objetivos» y que de lo contrario «las convenciones se desnaturalizan y los Comités corren el peligro de perder autoridad y convertirse en herramientas de presión ideológica en vez de ser el estímulo necesario para el progreso deseado en la promoción del respeto de los derechos de las personas». En este sentido, también ha recalcado que la Santa Sede propone «una enseñanza importante sobre el tema de la torturay de los tratos crueles e inhumanos» que es de «gran importancia» para la difusión de los principios que inspiran la Convención y su aplicación y que por eso el Informe «presenta una amplia recopilación de referencias y citas del Magisterio de la Iglesia y da cuenta exhaustivamente de la importante actividad de los medios de comunicación del Vaticano en materia».

La delegación de la Santa Sede efectuará una breve presentación del informe seguida por los comentarios de dos relatores elegidos por el Comité. En la tarde del martes la delegación puede responder a las preguntas del día anterior y a otras eventuales preguntas de los miembros del Comité.

El Comité de expertos de la ONU incluye a representantes de otros países como Estados Unidos y China. El Comité contra la Tortura de la ONU nació en 1984. La Santa Sede firmó la Convención en el año 2002 y presentó su primer informe a la ONU en diciembre de 2012. La «Convención contra la Tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes» es una de las principales convenciones internacionales en el marco de la actividad de las Naciones Unidas y a la que se adhieren libremente muchos países miembros de la comunidad internacional, los llamados «Estados Parte» de la Convención. Para verificar la aplicación de las mismas y de sus progresos se instituyen -en virtud de las Convenciones y por lo tanto según el mandato de los Estados Partes- comités de expertos independientes con la tarea de examinar los informes periódicos que los Estados Partes se comprometen a presentar -precisamente sobre su aplicación- en la medida que les corresponda.